Los representantes de los dos principales partidos de la oposición en Benalmádena, PSOE e IU, coincidieron hoy en pedir a Manuel Crespo, concejal del PP procedente del GIB-Bolín imputado en un presunto delito de maltrato contra su mujer, que entregará de forma inmediata su acta de concejal. Ambas fuerzas políticas también coincidieron en la excesiva tibieza y tardanza con la que el alcalde, Enrique Moya, ha afrontado esta situación. "Desde el PSOE lamentamos y condenamos cualquier hecho relativo a la violencia de género, por eso consideramos que el alcalde debería haber tomado la iniciativa mucho antes y haber decretado su expulsión en el momento en que conoció su imputación el pasado domingo", valoró el secretario general y portavoz del PSOE en la localidad, Javier Carnero.
Por su parte, la portavoz de IU, Elena Benítez, acusó a Moya de no haber actuado "hasta que la dirección provincial del PP le ha obligado a retirar a Crespo sus concejalías y a solicitarle su acta de concejal". Para IU, el hecho de que Moya no ordenase la expulsión de Crespo del equipo de gobierno "demuestra que la principal preocupación de este equipo de gobierno son ellos mismos y cómo podría afectar este asunto al difícil equilibrio de fuerzas políticas que les llevó al poder".
Carnero también criticó la actitud "dubitativa y titubeante" de Moya en esta situación, "muy similar a la que presenta en otros ámbitos y decisiones de gobierno". Para el portavoz socialista, Moya se ha acabado de retratar como "un alcalde inoperante más preocupado por la grave crisis que se ha desatado en su equipo de gobierno que por la buena imagen de este municipio". Sobre la presunción de inocencia del concejal imputado, Carnero aclaró que le tiene el máximo respeto "y todos debemos tenerla presente, aunque conviene recordar que el juez y el fiscal ya dan por hecha la acusación, así que no podemos rebatir los hechos".
En términos similares se mantuvieron los representantes de IU en el municipio. "Nuestro partido no condena a nadie que no haya sido juzgado, pero las medidas cautelares se toman desde la judicatura cuando existe un riesgo real para la mujer", aclararon.
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