Moya ignora al Gobierno y a la oposición en la inauguración de García Lorca y la Constitución

El alcalde de Benalmádena, Enrique Moya, sigue acumulando méritos para convertirse en todo un maestro en el dudoso arte de apropiarse de los éxitos y logros de los demás. Ahora le toca el turno a las obras del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL o Plan Zapatero) del centro de Arroyo de la Miel, que ha decidido inaugurar esta mañana en solitario sin contar con sus verdaderos artífices: la anterior Corporación y el Gobierno Central.
El portavoz del grupo municipal del PSOE de Benalmádena, Javier Carnero, ha denunciado esta mañana la falta de cortesía y talante político del equipo de gobierno de Moya, que no ha realizado ningún tipo de invitación a los partidos de la oposición “para que participáramos en la inauguración de una de las obras más decisivas de la presente legislatura: la remodelación integral de las avenidas de la Constitución y García Lorca”. La falta de cortesía a la hora de cursar la invitación al acto también ha afectado a otras administraciones participantes en el proyecto. “Moya no ha invitado ni siquiera al subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, cuando las obras han sido íntegramente financiadas por el Gobierno central a través del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL, o el llamado Plan Zapatero”, acusó el portavoz.
Carnero acusó a la Corporación del PP de realizar un uso partidista de las obras, maquillando la inauguración oficial bajo la excusa del encendido de las fuentes ubicadas en la avenida. “Han querido desplazar totalmente al PSOE del acto para restar el protagonismo que nos corresponde, ya que el proyecto fue realizado y licitado por nosotros durante nuestros dos años al frente del Ayuntamiento”, recordó Carnero. El coordinador del PSOE de Benalmádena lamentó que, aunque el proyecto de remodelación y mejora del centro de Arroyo de la Miel fue elaborado durante su periodo como alcalde, “el resultado final dista mucho de lo esperado, debido a las poco afortunadas modificaciones al proyecto original realizadas por el concejal de Obras, Jesús Fortes, que ha estropeado considerablemente una obra llamada a ser emblemática con aportaciones tan poco afortunadas como los ‘supermaceteros’ o una solería agrietada apenas unos días después de la conclusión de los trabajos. En definitiva, han tirado por la borda una oportunidad única para Benalmádena, derrochando más de 3.500.000 € previstos para esas emblemáticas obras”.

Exigen un mayor compromiso al Ayuntamiento con las empresas locales

Comprometer al Ayuntamiento a apoyar la contratación de empresas locales para el desarrollo de las obras financiadas con los Fondos Estatales para el Empleo y la Sostenibilidad Local (el llamado nuevo Plan Zapatero). Ese es el propósito de la moción que el PSOE de Benalmádena pretende llevar al próximo pleno, como un recurso más para fomentar el dinamismo de la economía local y recortar el desempleo en el municipio.“El Grupo Municipal Socialista de Benalmádena considera fundamental que estos Fondos proporcionen beneficios directos a las PYMES locales, dedicadas al sector de la construcción y sus industrias auxiliares, y redunde en un fomento del empleo en el municipio”, declaró el portavoz. “Vista la clara vocación local del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, y dentro de los límites legales, queremos que se apueste por las empresas locales, comarcales, provinciales o con arraigo en esta provincia con el fin de fortalecer el tejido productivo y empresarial malagueño”, valoró Carnero. Por ello, en la moción también se sugiere que, siempre que sea posible y no se supere el límite que contempla la ley, se recurra a la contratación directa de obra menor y el procedimiento negociado sin publicidad, “para conseguir un reparto equilibrado y distributivo de los contratos entre las distintas empresas que acrediten la solvencia requerida para garantizar el buen fin de la obra pública, evitando la concentración de las adjudicaciones en pocas empresas”.Desde el PSOE también se reclama al equipo de gobierno que promuevan entre los adjudicatarios de las obras “la contratación de personal, suministros y servicios con personas y empresas de la localidad, para mejorar de este modo la economía del municipio”.Además de crear fórmulas que detecten inmediatamente ofertas anormales y desproporcionadas que sólo entorpezcan el desarrollo de las obras, el grupo socialista propone la creación de un registro de empresas locales de construcción y servicios, según su distinta topología, y realizar un seguimiento de la aplicación del Fondo a estas empresas, en colaboración con las asociaciones empresariales.“También defendemos una alternativa que permita que las PYMES del municipio se ocupen de obras ambiciosas: la asociación de empresas locales para la concurrencia a obras de elevada cuantía, con el objetivo de fortalecer el tejido productivo y empresarial de Benalmádena”, apuntó el portavoz.Carnero espera que esta moción también cuenta con el apoyo del equipo de gobierno de Enrique Moya, tal y como sucedió con la recientemente aprobada moción socialista para destinar el 20 % del nuevo Plan Zapatero al pago a proveedores.

La Junta ultima la aprobación del texto refundido del PGOU

Tras años de excesos en los que parecía que la única norma que regía la actividad de promotores y constructores en el municipio era la Ley de la Selva, el urbanismo de Benalmádena se encuentra muy próximo a retornar a la esperada normalidad. Fuentes próximas a la Junta de Andalucía adelantaron que posiblemente se apruebe el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la próxima reunión de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
A pesar de contar con una revisión del PGOU aprobada en 2003, el ex alcalde Enrique Bolín no cesó de introducir modificaciones puntuales del plan, que siempre implicaban aumentos de volumenes y recalificaciones para seguir incrementado el número de viviendas de la localidad. Una treintena larga de cambios en el PGOU vigente que obligó a la Junta a reclamar al Ayuntamiento la presentación de un texto refundido. No fue hasta la llegada de Javier Carnero a la Alcaldía que comenzaron a realizarse verdaderos movimientos hacia la legalización y consolidación del urbanismo benalmadense.
Desde su llegada a la Alcaldía en 2007, uno de los principales afanes de Carnero era retornar a la legalidad el urbanismo benalmadense. Por ello, en el primer pleno se votó desestimar algunos de los proyectos faraónicos y característicos de la masificación y los excesos urbanísticos de un equipo de gobierno en el que Enrique Moya ya figuraba como teniente de alcalde. Iniciativas como el monorraíl o las polémicas 'dos torres', dos edificios de más de 20 plantas en el centro de Arroyo de la Miel.
También fue la Corporación que dirigía Carnero la que dió el paso definitivo para presentar ante la Junta de Andalucía el texto refundido que permitiría legalizar el planeamiento: en abril de 2008, aprobaron en pleno el expediente único de cumplimiento del PGOU que ahora la Junta va a probar, y que guiará el futuro desarrollo del urbanismo en Benalmádena. Un texto que sí cuenta con todas las garantías legales, a diferencia del que presentó Bolín en 2005, y que fue rechado por la Comisión de Ordenación del Territorio por contener modificaciones que alteraban el modelo territorial y no respetaban los criterios de la LOUA:
Con el texto refundido que presentó a la Junta la Corporación de Javier Carnero, se aglutina en un único expediente tanto el PGOU aprobado en 2003 como la treintena larga de modificaciones puntuales realizadas desde entonces. De esta forma, el planeamiento podrá por fin adaptarse la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que, entre otras ventajas, permitirá liberar terrenos para la construcción de viviendas sociales.

Una sentencia confirma el 'enchufismo' de un ex cargo de confianza de Crespo

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga respalda una decisión tomada por el secretario general y portavoz del PSOE de Benalmádena, Javier Carnero, cuando era alcalde “para luchar contra el enchufismo que imperaba durante el mandato de Enrique Bolín”. Dicha decisión consistió en anular, mediante decreto, una convocatoria de puestos de trabajo “realizada a toda prisa por Bolín para dejar colocados a los suyos antes de su previsible abandono de la Alcaldía”.
La convocatoria comprendía un notable número de puestos de trabajo de las categorías C, D y E del Ayuntamiento, entre los que se encontraba el de jefe de Personal, plaza que se pretendía cubrir con uno de los más fieles cargos de confianza de Enrique Bolín y Manuel Crespo durante su periodo como concejal de Personal en el equipo del alcalde independiente: José Pedro Fernández Gago, que hasta su llegada al Ayuntamiento de la mano de Bolín había ejercido de funcionario de prisiones. “El señor Fernández Gago había llegado a crearse a su imagen y semejanza una plaza como funcionario al frente del Departamento de Personal, circunstancia que consideré totalmente inadmisible cuando accedí a la Alcaldía, y por la que anulé una convocatoria de puestos de trabajo que se veía lastrada por esta y otras irregularidades”, explicó Carnero, que también denunció que todas las plazas sacadas por Crespo durante su periodo anterior como edil de Personal “suscitaban sospechas similares”. Tras anular Carnero la convocatoria de puestos de trabajo, Fernández Gago recurrió esta decisión ante los tribunales. Y han sido éstos precisamente los que han acabado dando la razón a la decisión tomada por el ex alcalde socialista, “y además de forma contundente”. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga, invalida el recurso de Fernández Gago en base a que confundía “puestos de trabajo con plazas, no identificaba los puestos que se convocaban, siendo éstos claramente imprecisos, y la falta de denominación de las jefaturas (que se convocaban) totalmente incorrecta”. Todo ello, “constituye un vicio de legalidad importante a juicio de este juzgador”, tal y como recoge la sentencia de forma literal. De igual forma, en la sentencia también se reprocha el hecho de que en dicha convocatoria se incluyesen elementos arbitrarios “que favorecían a unas personas con respecto a otras, sin atenerse a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad”. En este sentido, el juez consideró que Fernández Gago había tramado con la citada convocatoria una “estrategia de incorporación al Ayuntamiento de Benalmádena de forma forzada”. Carnero lamentó que Crespo vuelva a ocupar la Concejalía de Personal. “Durante los últimos meses del ‘bolinismo’, y con la complicidad de Fernández Gago, Crespo quiso sacar adelante un plan de retribuciones que nosotros anulamos al llegar a la Alcaldía, y que ahora ha vuelto a retomar al regresar al Área de Personal”, señaló Carnero, que recordó que dicho plan de retribuciones especiales “fue elaborado por el propio Fernández Gago, una persona que ha sido invalidada por la justicia para ejercer esas competencias por fabricarse una plaza a medida”. Por último, el portavoz socialista calificó de “desfachatez” que el alcalde Enrique Moya hable en prensa de ‘familiareo’ en relación a su gestión “cuando el amiguismo y el compadreo vuelven a ser constantes en su política, al más puro estilo de su mentor, Enrique Bolín”.

Una moción del PSOE permitirá que el 20 % del nuevo Plan Zapatero se destine al pago a proveedores

La lógica ha acabado imponiéndose, y el PP finalmente ha decidido aceptar la propuesta del PSOE de Benalmádena para destinar el 20 % del dinero procedente del segundo Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL o Plan Zapatero) a aliviar la elevada deuda con proveedores. Una propuesta que fue aprobada en el pleno del martes 2 de marzo con el voto unánime de los concejales de todos los partidos, y que puede suponer destinar hasta 1.200.000 euros al pago de la deuda.

"El nuevo Plan Zapatero supone una oportunidad única para facilitar el pago a los pequeños proveedores del municipio, que se encuentran en una situación especialmente alarmante debido al impago continuado de la elevada deuda que mantienen con ellos el Ayuntamiento", destacó el portavoz del PSOE, Javier Carnero, quíen aplaudió el triunfo de la moción que llevaba a pleno el grupo socialista. "Lamentablemente, mucho nos tememos que la aprobación de esta iniciativa sea simplemente un brindis al sol, ya que el equipo de gobierno de Enrique Moya y Jesús Fortes incumplen reiteradamente los pagos previstos con los proveedores desde su llegada a la Alcaldía", denunció.
Moya desechó en primera instancia la moción afirmando categóricamente que las condiciones del actual Plan Zapatero "no permitían destinar ese dinero al pago a proveedores". Una falsedad que se esforzó en mantener llegando incluso a afirmar que desde la Diputación Provincial le habían asegurado que no era posible destinar el 20 % del nuevo FEIL al pago de la deuda. Finalmente, los votos de apoyo de su partido a la moción socialista suponen la prueba definitiva de que, una vez más, Moya se equivocaba en su gestión financiera y trataba de maquillar sus errores con evasivas.

El PP otorga la explotación de las mejores playas a familiares de cargos de confianza

El portavoz del grupo municipal del PSOE de Benalmádena, Javier Carnero, y el concejal del PSOE de Benalmádena, Juan José Jiménez Gambero, han denunciado una serie de irregularidades relacionadas con el reciente proceso de reparto y adjudicación de las parcelas de hamacas y actividades náuticas del litoral benalmadense. “El PP de Benalmádena está actuando de manera sospechosa en la adjudicación de parcelas, mostrando una total falta de ética”, denunció Carnero, en relación a la presencia en las mesas de contratación de Rafael Obrero y su cargo de confianza, José Manuel Carrasco, en calidad de asesores “cuando el padre de Carrasco había presentado solicitudes a todas las parcelas”. Desde el PSOE de Benalmádena se está estudiando si este nuevo caso de nepotismo político por parte del PP “constituye una ilegalidad, pero lo que está claro es que supone una falta total de ética por parte de Obrero a la hora de repartir las adjudicaciones de forma equitativa”, valoró Carnero, que considera que tanto el concejal de Playas como su cargo de confianza “deberían haberse abstenido de participar en las mesas de contratación por su vinculación familiar directa con uno de los empresarios que optaban a las parcelas”. Jiménez Gambero ofreció detalles del proceso. “Cuando ejercía de concejal de Playas durante el mandato de Carnero, los empresarios de playas llegaron a un acuerdo amistoso para, en el momento en que se realizase un nuevo reparto de parcelas, sólo optar a las que ya explotaban previamente”, recordó. Gambero destacó que los responsables locales de la explotación de hamacas y zonas náuticas alcanzaron este consenso “para que no hubiera interferencias en el nuevo reparto de parcelas y todos pudieran seguir explotando las mismas”. Este pacto de buena voluntad entre empresarios sólo ha sido vulnerado por uno de ellos en el reciente reparto de parcelas: precisamente el padre del cargo de confianza de Rafael Obrero. “Lejos de presentar sólo una solicitud por la zona náutica de la playa de Los Maites, que es la que explotaba José Manuel Carrasco antes de ser el cargo de confianza de Rafael Obrero en la Concejalía de Playas y que cedió a su padre al acceder al cargo, aún a pesar de estar jubilado; este señor ha optado a todas y cada una de las parcelas ofertadas”, denunció Gambero. Por ello, y debido a que el empresario que poseía originalmente la explotación de las hamacas situadas entre Las Gaviotas y Santa Ana no presentó en el plazo previsto la documentación requerida, el padre de Carrasco ha acabado recibiendo una nueva explotación “en una de las zonas más privilegiadas del litoral benalmadense, con la complicidad interesada de su hijo y el concejal de Playas, lo que constituye un ejemplo claro de nepotismo”, consideró Gambero.
El PSOE se encuentra estudiando la posible ilegalidad del trámite para comprobar si existe la posibilidad de recurrirlo ante la justicia.