El PSOE se suma al Tribunal de Cuentas en su reclamación del destino de tres millones de euros recaudados por Bolín

El proceso abierto por el Tribunal de Cuentas para determinar en qué se inviertieron más de tres millones de euros recaudados por venta de patrimonio en 2004 por el ex alcalde, Enrique Bolín, acaba de ganar nuevos apoyos. Y es el que PSOE de Benalmádena no desea que estas presuntas irregularidades pasen sin pena ni gloria, y por ello se personará en el proceso abierto de reintegro por alcance para reclamar el destino de ese dinero. Un proceso que podría culminar en el embargo de las cuentas de los integrantes del equipo de gobierno de Bolín por aquel entonces. El portavoz del PSOE de Benalmádena, Javier Carnero, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa junto al concejal socialista, Manuel Arroyo, para informar que el grupo municipal socialista se personará en la causa abierta por reintegro por alcance contra el Ayuntamiento de Benalmádena, abierta por el Tribunal de Cuentas. Dicho proceso, abierto como consecuencia del proceso de fiscalización de la gestión de 2004 realizada por la Cámara de Cuentas, pretende determinar el destino de más de tres millones de euros obtenidos por la venta del patrimonio del suelo durante el mandato del independiente Enrique Bolín en 2004. Si tal proceso no aclara en qué se invirtió el dinero obtenido por la venta de suelo, el Tribunal de Cuentas podría reclamar a los responsables políticos, con Bolín a la cabeza, la cuantía del dinero recaudado mediante el embargo de su patrimonio. Recientemente, en el BOJA se anunciaba la posibilidad de personarse en la causa de este reintegro por alcance. “Desde el PSOE de Benalmádena consideramos muy necesario personarnos en la causa por dos razones: para aclarar definitivamente cómo y dónde se gastaron esos tres millones de euros obtenidos de la venta del suelo; y porque, haya o no haya reintegro por alcance, consideramos que este caso implica como mínimo una gran irregularidad en el funcionamiento del Ayuntamiento durante el mandato de Bolín”, valoró Carnero. En el escrito, los socialistas solicitan que deriven las correspondientes acciones legales contra los responsables políticos en caso de que se confirmase la causa abierta por reintegro. En este sentido, el portavoz socialista ha anunciado que han remitido un escrito del Área de Patrimonio del Ayuntamiento, escrito que el equipo de gobierno de Enrique Moya no facilitó cuando a finales del pasado año el Tribunal de Cuentas le reclamó al Ayuntamiento más información sobre la gestión del patrimonio a través de un acta de liquidación provisional, en el que se recoge que entre 2004 y 2006 se recaudaron 36.250.000 euros por venta del suelo cuya posterior reinversión en adquisición de nuevo patrimonio para el municipio, tal y como recoge la ley, “no se ha reflejado de forma correcta, lo que supone una irregularidad, ya que la documentación del Ayuntamiento no recoge de forma correcta la administración del patrimonio durante ese periodo”. Por todo ello, desde el PSOE se ha pedido al Tribunal de Cuentas que amplié su investigación a 2005 y 2006. Carnero apuntó que el PSOE se ha personado también “porque tenemos la seguridad de que el equipo de gobierno de Moya no va a hacer nada al respecto para aclarar esta situación”. El portavoz socialista acusó al equipo de gobierno del PP de falta de celo y responsabilidad respecto a las presuntas irregularidades cometidas durante el gobierno de Bolín, “como demuestra que se personen únicamente por la vía civil, y no la penal, en una querella que pusimos contra el ex alcalde”. Carnero advirtió que desde el grupo municipal socialista “no estamos dispuestos a consentir que estas actuaciones irregulares pasen sin pena ni gloria”. Carnero recordó que tanto Moya como otros concejales de su equipo “como Manuel Crespo o José Nieto”, eran socios de gobierno de Bolín en 2004, “al igual que Jesús Fortes”, y por esa razón considera que pueden ser “excesivamente benevolentes a la hora de fiscalizar las irregularidades de su mentor político”. Para el portavoz socialista, este proceso constituye una oportunidad muy buena “para demostrar a los ciudadanos su compromiso con la legalidad y su nula vinculación con Bolín, algo que por el momento no han hecho”.